La elección de 2027 puede convertirse en el momento más crítico para la democracia mexicana ante el riesgo de que integrantes del crimen organizado pasen de influir en las autoridades a competir directamente por cargos públicos y apoderarse de gobiernos municipales.

Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en seguridad nacional, advirtió que la disputa por miles de posiciones locales abre una ventana para que miembros de estructuras delictivas, incluso sin antecedentes o investigaciones abiertas, sean postulados por partidos políticos como candidatos a alcaldías, regidurías o diputaciones locales.

"En el 2027 es la primera ocasión que este País puede someterse a la probabilidad de que miembros estructurales de organizaciones criminales se incorporen dentro de los partidos políticos como candidatos y se hagan gobiernos", alertó.

Durante la presentación de su libro "Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos", el ex funcionario federal, diplomático y catedrático de la Universidad de las Américas Puebla sostuvo que la principal vulnerabilidad radica en el ámbito municipal, donde los grupos delictivos mantienen capacidad de presión, reclutamiento y control territorial.

El especialista planteó que el peligro ya no consiste únicamente en que la delincuencia organizada financie, amenace o pacte con actores políticos; el siguiente nivel es que sus propios cuadros ocupen los cargos.

"Si bien el crimen está en el nivel macro, con reclutamiento de marinos, militares y policías, es en el nivel municipal donde operan los grupos locales", señaló.

Vázquez Rossainz aseguró que la infiltración de los cabildos tendría consecuencias directas sobre las corporaciones encargadas de combatir a esas células delictivas.

Conforme al artículo 115 constitucional, recordó, los municipios tienen atribuciones en materia de seguridad pública y conducen a sus cuerpos policiales.

"Un delincuente convertido en regidor o en diputado local, que va a formar parte de la Comisión de Seguridad Pública de ese estado, siendo miembro de una organización criminal, es lo peor que a este País le puede suceder", planteó.

Asimismo, alertó sobre la complejidad de filtrar a miles de aspirantes antes de que aparezcan en las boletas, ya que descartar perfiles sin una orden judicial, antecedente o investigación abierta vulneraría sus derechos políticos.

"Habrá que ver cómo violan la ley para hacerlo. Veremos quién tiene la capacidad de filtrar miles y miles de precandidatos, porque por cada posición serán cuatro o cinco candidatos de diferentes partidos políticos quienes las disputen, expresó.

El especialista alertó que el riesgo se incrementa debido a que los grupos delictivos pueden recurrir a cuadros jóvenes que aún no figuran en registros ministeriales ni plataformas oficiales.

"Cualquier partido político mexicano, en lo local, corre el riesgo de tener candidatos estructuralmente vinculados, o sea, criminales que no traen investigación abierta; pueden ser jovencitos de 23 o 24 años, que todavía no están en ninguna investigación, pero que se pueden convertir en actores políticos y de gobierno", sostuvo.

Contrario al discurso oficial, para Vázquez Rossainz no existen elementos que permitan prever una disminución de la injerencia criminal de cara a los próximos comicios.

"Con las variables que hoy tenemos, yo no encuentro hasta este momento por qué tenga que ser diferente la elección del 27. Va a tener la variable criminal como un jugador, pero que ya no va a ser por asociación o por proximidad", aseveró.

Al catalogar esta dinámica como una evolución de la amenaza sobre las instituciones del Estado, subrayó la importancia de la participación ciudadana en las urnas.

"En el 2027 es responsabilidad de las y los mexicanos votar en un proceso electoral muy complejo", sentenció.