En Guanajuato, al menos 135 niñas, niños y adolescentes han quedado en orfandad debido a que sus madres fueron víctimas de feminicidio . Sin embargo, ni siquiera en la mitad de estos casos se han implementado planes de restitución de derechos para garantizar su bienestar.

Según un reporte de transparencia que abarca de 2022 al 15 de mayo de 2025, los 135 casos corresponden a carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, lo que sugiere que la cifra real podría ser aún mayor.

El Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio fue publicado el 4 de agosto de 2021. A partir de ese año se comenzó con el registro oficial. Durante el resto de 2021, en Guanajuato no se reportaron casos. Fue en 2022 cuando se notificó el primer caso.

En 2023, los registros aumentaron a 16 casos, pero fue en 2024 cuando se reportó un incremento exponencial del 662%, con 106 menores en esta condición. Para el 2025, con corte al 15 de mayo, ya se han notificado 12 casos más.

Uno de los casos que más impactó a la sociedad leonesa fue el de Abril Zárate, una joven de 22 años, madre de Marcela, de 5 años, y Memo, de 2. Ella fue víctima de feminicidio, presuntamente a manos de su pareja, Guillermo N., el 15 de febrero de 2023.

El presunto agresor la apuñaló dos veces en el abdomen y cerca del corazón, y posteriormente provocó un incendio para intentar desaparecer la evidencia, en un domicilio ubicado en la calle Lago de Chapala, colonia Infonavit Granada. Los pequeños, que ahora tienen aproximadamente 7 y 4 años, quedaron huérfanos tras el crimen.

En situaciones como esta, donde los derechos de niñas y niños son gravemente vulnerados, el Estado está obligado a realizar diagnósticos y planes de restitución, de acuerdo con las atribuciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) en México.

No obstante, en Guanajuato solo se han logrado integrar planes de restitución en 52 de los 135 casos. Según los datos:

Cabe aclarar que estas cifras contemplan únicamente los casos donde el Ministerio Público solicitó la intervención de las autoridades competentes. Existen también situaciones donde no se requiere dicha intervención, como cuando el menor cuenta con una red familiar sólida y sus derechos están debidamente garantizados, según la información proporcionada por la PEPNNA.

En los casos donde las niñas, niños o adolescentes no tienen redes de apoyo familiar y pasan a ser responsabilidad directa del Estado, es aún más urgente que las autoridades garanticen su protección integral, el acompañamiento emocional, y que se les dote de herramientas para que, al llegar a la mayoría de edad, no terminen en situación de calle o desamparo.