El martes, frente al edificio del Senado de México, estudiantes universitarios enmascarados y disfrazados de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se turnaron para romper una piñata negra con un palo. La piñata, cubierta con la palabra «justicia», estaba llena de dinero falso, una representación escenificada para ilustrar la supuesta corrupción que azota al poder judicial del país.

«La elección de jueces y magistrados por votación popular es una democratización de uno de los poderes más importantes de nuestro país», dijo Layla Manilla, de 21 años, una de las estudiantes participantes, que estudia Políticas.

La señora Manilla es una de los miles de mexicanos que han salido a la calle en las últimas semanas para mostrar su apoyo -o su oposición- a la polémica reforma judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, que el miércoles superó su último gran obstáculo al ser aprobada por un estrecho margen en el Senado.

En entrevistas con The New York Times, los mexicanos expresaron diversas preocupaciones y aspiraciones ante la medida. A algunos les preocupaba el fin de la independencia judicial, mientras que otros celebraban la oportunidad de votar a los responsables de impartir justicia. Muchos más se mostraron indiferentes ante la reforma, sin saber exactamente qué esperar del cambio.

La legislación cambiaría el poder judicial de un sistema basado en nombramientos, basado en gran medida en la formación y las cualificaciones, a otro en el que los votantes elijan a los jueces y haya menos requisitos para ejercer. Unos 7.000 jueces perderían su puesto, desde el presidente del Tribunal Supremo hasta los de los tribunales estatales y locales, y los mexicanos podrían empezar a votar a partir del año que viene.

La mayoría de las legislaturas estatales adoptaron la medida a primera hora del jueves -un requisito para su aprobación- allanando el camino para su entrega anticipada a López Obrador para que la firme como ley.

En el sureño estado de Yucatán, un grupo de manifestantes irrumpió el miércoles por la tarde en el Congreso local, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. Mientras los manifestantes pedían que suspendieran la votación, coreando «¡El poder judicial no caerá!» y gritando «¡Escúchennos!», los legisladores decidieron retrasarla. Aprobaron el proyecto unas horas más tarde. Los detractores de las medidas también protestaron en otros estados e intentaron irrumpir en los edificios del Congreso, con el resultado de algunos heridos.

En las últimas semanas, más de 50.000 jueces y trabajadores judiciales se declararon en huelga en todo el país, y los manifestantes entraron por la fuerza en el edificio del Senado en Ciudad de México el martes por la tarde antes de la votación. Los senadores se trasladaron entonces a una segunda sede con gran presencia policial.

La insistencia del presidente en impulsar las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída del valor de la moneda, el peso, de aproximadamente el 15% desde principios de junio.

El gobierno argumenta que la medida es crucial para modernizar el poder judicial, erradicar la corrupción y restaurar la fe en un sistema manchado por la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado plenamente el plan.

Sin embargo, los críticos se oponen a la reforma, alegando que no abordaría eficazmente la corrupción, sino que reforzaría la agenda política nacionalista de López Obrador.

«Los jueces, magistrados y jueces son la voz de la ley y la Constitución, no del pueblo», dijo Luis Hernández, de 21 años, estudiante de derecho y economía, momentos después de pronunciar un encendido discurso mientras protestaba en el edificio del Senado. «Ellos son la voz de la razón. No tiene sentido hacer carrera judicial si, al final, tienes que ser popular para impartir justicia».

José Luis Cázares Gayosso, de 55 años, empleado federal que vive en Iztapalapa, una colonia popular de la Ciudad de México, dijo que tenía problemas con el sistema judicial y que era necesario cambiarlo. Dijo que le llevó demasiado tiempo -cuatro años- obtener la custodia de sus dos hijos después de que él y su pareja se separaran, y que no se resolvió hasta 2019, después de que emprendiera acciones legales contra el juez.

Aun así, el Sr. Cázares Gayosso dijo que prefería que los jueces siguieran siendo nombrados, pero que se les obligara a dejar el cargo antes. Dijo que temía que votar por ellos acabara dando al partido gobernante del país el control del sistema judicial.

«Es peligroso dar todo el poder a un partido», dijo.

Las encuestas encargadas por el partido Morena indican que alrededor del 80 por ciento de los encuestados cree que es necesario reformar el sistema judicial, aunque otros sondeos han revelado que más del 50 por ciento de los encuestados no sabe lo que implica la reforma.

«Ahora está muy de moda ser del pueblo, pero a veces el pueblo no está informado», afirma Juan Diego Naranjo, fontanero de Cancún de 28 años. «Si no van a saber mucho de los candidatos judiciales, entonces muchos no saldrán a votar. Si en las elecciones presidenciales, de gobernador y municipales muchos no salimos a votar, quizá haya menos para magistrados.»

Naranjo admitió que él mismo no emitió su voto en las elecciones presidenciales de 2018, que ganó López Obrador, porque no tuvo tiempo de estudiar las campañas.

Manilla, la universitaria que apoya la reforma, dijo: «Nunca hay certeza total de que las mayorías tomen las decisiones correctas». Pero, añadió, «si el pueblo comete errores, también va a poder rectificar».

Otros mexicanos dijeron que les preocupaba que faltaran piezas importantes en el debate.

Laura Álvarez, de 38 años, gerente de un restaurante en Monterrey, en el noreste de México, dijo que la elección de un juez podría mejorar la confianza pública. Contó que tuvo una experiencia terrible con el sistema de justicia cuando su hija sufrió abusos sexuales y el caso fue desestimado antes incluso de llegar a un juez. Aun así, cree que la reforma judicial necesita más explicaciones por parte de los políticos.

«No te dicen: 'Esto es lo que quiero cambiar y esto es lo que te voy a ofrecer'», afirma. «Por eso me encuentro en medio. Quiero más transparencia».

Independientemente de sus diferencias sobre el plan, muchos mexicanos coincidieron en gran medida en que hacía tiempo que era necesario librar al sistema de lo que denominaron privilegios, nepotismo y corrupción.

Javier Martín Reyes, catedrático de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que la mayoría de las interacciones de los mexicanos con el poder judicial no se producen a nivel federal, sino local -por ejemplo, en litigios laborales, familiares o civiles- y que es aquí donde se necesitan «más reformas».

Pero dijo que dos partes importantes del sistema de justicia con las que el mexicano promedio trata más a menudo -la policía y los fiscales- no fueron abordadas en la propuesta.

«Si México es hoy un país con enormes índices de impunidad, es en gran medida porque la inmensa mayoría de los delitos no se investigan y algunos que se investigan no llegan a conclusiones», dijo Reyes. «Y los que llegan a conclusiones muchas veces son casos que no están lo suficientemente bien montados o investigados para que luego se sostengan en un tribunal o corte».

Después de vivir tanto tiempo bajo un sistema que describió como plagado de problemas, José Luis Valderrama, un empacador de abarrotes de 68 años en Monterrey, dijo que valía la pena intentar algo nuevo, especialmente si los votantes podían elegir a personas calificadas.

«Posiblemente las cosas cambien», dijo. «Realmente no lo sabemos. Es cuestión de intentarlo».