Días antes del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en la primera semana de marzo pasado, 198 trabajadores de la refinería Cadereyta, Nuevo León, fueron llamados por el área de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y fueron despedidos. A la fecha son 209 petroleros cesados por un supuesto fraude derivado del depósito de becas para estudios que, aseguran, no solicitaron, y de lo que responsabilizan al líder sindical de la sección 49, Rafael Ortuño González, “Faly”, candidato a Diputado federal priista suplente que perdió en las elecciones de 2018.

“El Sindicato simuló que nosotros habíamos pedido una beca, nos dijo que era un préstamo administrativo”, afirmó uno de los petroleros despedidos con 12 años de antigüedad como Operador especialista de una planta en la refinería, a quien acusan al igual que al resto de haber recibido 50 mil 961 pesos en 2018 por concepto de beca de la Universidad Tecnológica Cadereyta, para la cual no presentó el formato de solicitud ante la comisión sindical de prestaciones.

“Al momento del cambio de administración en Pemex, se comenzó a investigar el uso de dinero y de prestaciones a trabajadores. En lugar de hacerse responsables, lo que hicieron fue culpar a los trabajadores. Como el líder sindical tiene el control total de recursos humanos, así lo manejaron. Los comisionados sindicales son los únicos que pueden hacer este trámite de prestaciones para vivienda o becas”, añadió con documentos.

En dos cartas entregadas al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando acudió a la refinería Madero y Cadereyta en marzo y mayo, los petroleros le pidieron intervenir en su situación laboral porque los despidieron “de una forma injusta, fuimos chivos expiatorios”. En la otra misiva le plantearon que “la corrupción empieza desde arriba con funcionarios de la empresa y del sindicato que aprovechándose de sus puestos engañan al trabajador”.

SinEmbargo llamó a las oficinas de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en la colonia López Mateos en Cadereyta, pero se negaron a opinar al respecto.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó a los petroleros el 27 de agosto que derivado de la queja 2019/Pemex/DE212 se analizará si hubo responsabilidad administrativa por parte de Luisa Fabiola Kernion Hernández, Jefa del Departamento de Personal de Pemex en Cadereyta, a quien denunciaron porque “autorizó depósitos bancarios a las cuentas de los trabajadores, sin que el trabajador haya realizado trámite para recibir dicho depósito, reflejado en la catorcena 24/2018”.

La denuncia dirigida a Sandra Aguirres Torres, titular del Área de quejas, denuncias e investigaciones de la SFP, unidad de responsabilidades en Pemex, expone que el 6 y 7 de marzo se “amedrentó” a los trabajadores para que firmaran la rescisión de contrato laboral “con personal de seguridad física de Pemex”.

Además, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo en Nuevo León, hay al menos 110 juicios laborales en curso por posible despido injustificado. En agosto hubo un par de audiencias, y hay programadas para noviembre y marzo próximos. Las plazas en Pemex están en litigio jurídico hasta que un juez dicte la sentencia.

De acuerdo con el capítulo XXI “Becas” de la cláusula 171 del Contrato Colectivo de Trabajo del STPRM, Pemex puede otorgar mil 800 becas anuales para formación académica del petrolero, las cuales entre 2 mil 400 pesos (nivel básico) a 4 mil 369 pesos (nivel superior) mensuales.

Al petrolero entrevistado lo acusan de haber recibido en diciembre 50 mil 961 pesos por concepto de beca trabajador en el periodo 20/2018, de acuerdo con el documento de rescisión laboral firmado por la jefa de personal de Cadereyta Fabiola Kernion, denunciada a la SFP. En febrero el trabajador reembolsó el monto a una cuenta de Pemex, de acuerdo con un ticket bancario mostrado, pero fue cesado en marzo.

Entre los requisitos planteados para solicitar la beca está la de “presentar solicitud por conducto del sindicato”. Cuando la Junta de Conciliación solicitó los supuestos formatos de solicitud firmados por los trabajadores, la respuesta del sindicato fue que se extraviaron.

“Ella [la jefa de personal de la refinería de Cadereyta] dice que nosotros metimos la constancia de estudios y de calificaciones. Pero no cuenta con firmas ni nada que pueda involucrar al trabajador”, expuso el petrolero.

“Presentaron un papel donde se dice que estudio Derecho. Yo tengo 10 años que no estudio nada. A un compañero le dijeron que estaba estudiando Sistemas. Pero no viene ninguna firma de los trabajadores y no hay nada originales. Cualquiera lo pudo haber hecho en una hoja de Word”.

A medio año de los despidos, los petroleros que llevaban entre 10 y 35 años de antigüedad han decidido ir a trabajar a Estados Unidos, ser taxistas o vender comida. El cese les quitó el seguro médico para sus familias y el crédito de vivienda cuyos pagos mensuales son de hasta 20 mil pesos.

“No se habían dedicado nunca a otro tipo de actividades, toda su vida han sido petroleros. Algunos desde los 16 años”, lamentó el petrolero vía telefónica desde Estados Unidos, donde se fue a trabajar. “Hubo daño moral. Quedamos frente a los vecinos como si fuéramos unos defraudadores y que nos metimos a las oficinas de Pemex a robarnos ese dinero”, añadió.

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Los más de 200 petroleros despedidos de la refinería de Cadereyta acudieron con el líder sindical de la sección 49, Rafael Ortuño González, para que intercediera con Pemex para llegar a alguna negociación.

“Pero como él y su gente fueron los actores de esto, sería autoincriminarse. El líder nos dijo que no podía hacer nada por nosotros y que así se quedaría. Lo único que nos recomendó fue ir a denunciar a la Junta de Conciliación”, evocó el petrolero. “Lo único que hizo fue lavarse las manos pese a todas las familias que afectó por la codicia y obtener más dinero. Tal vez pensó que nos íbamos a quedar callados”, dijo.

De acuerdo con un texto de la revista Proceso que cita a dos petroleros disidentes de la sección 49, el líder sindical Rafael Ortuño impone a los trabajadores “cuotas por servicios que no se prestan o por ayudas que no les consultaron”.