El Secretario del Gobierno de Altamira Cuauhtémoc Zaleta Alonso acompañado del jurídico municipal Sergio Enríquez Roque establecieron que en lo que respecta a la situación del Relleno Sanitario, ya hay una autoridad como fue el juez noveno quien ha emitido un resolutivo a Tecmed en los dos juicios que dicha empresa promovió y a quien en respuesta de ello les negó el acto que reclaman que es tener posesión de este bien inmueble, determinando que el municipio quien debe de actuar en plenitud de sus derechos que tiene del bien en base a la ley, a la Constitución Federal como del Estado de Tamaulipas, al recuperarlo, llegando además a su fin la concesión. Hubo una aprobación  el pasado 4 de diciembre por el cabildo altamirense que determinaba la finalización de esa concesión con Tecmed para que el municipio tomara el cargo de ese bien que le pertenece.

En rueda de prensa dijeron que el municipio desconoce algún otro resolutivo emitido al respecto que refiera lo contrario, ya que hasta el momento el Gobierno Local no han sido notificados de otra determinación por parte de alguna autoridad competente.

El Secretario del Gobierno de Altamira Cuauhtémoc Zaleta Alonso al citar que en el caso de darse otra definición sobre el Relleno Sanitario que no fuese la del Juez, resaltó "en el Gobierno Municipal estableceremos las acciones legales que corresponda. Todo lo llevaremos  ante las instancias legales competentes y determinarán si violaron o no la ley".

Puntualizó "nosotros como municipio hemos actuado de manera correcta en termino de la ley. Además que esta empresa (Tecmed) persigue unos intereses particulares en base a un contrato, en tanto el municipio sigue intereses en base a la colectividad de la ciudadanía, los derechos son de índole social y están respaldados en la ley".

Dijo "el contrato llego a su termino y se les notifico 30 dias con anticipación a Tecmed . El inmueble es propiedad del municipio".

Por último el Secretario de Gobierno no descartó la posibilidad de que la empresa Tecmed haya utilizado "argucias legales"
además de omitir información a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que esta emitiera alguna resolución sobre este caso, aun cuando ya se había determinado un resolutivo por un juez.