Altamira.- La alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz así como el secretario del Gobierno de Altamira Israel Hernández Villafuerte señalaron que el desalojo que el Gobierno del Estado llevo a cabo de comerciantes dedicados a la venta de comidas a la entrada del sector la Pedrera, fue apegado a la legalidad ya que ese terreno es del estado, además de garantizar la seguridad a una obra de gran envergadura como es Centro Integral de Justicia de la zona sur donde se concentrarán todas las dependencias del sistema penal acusatorio, por tanto el perímetro debe de estar resguardo y de manera total.

Confirmaron que casi un año el Gobierno del Estado llevo a cabo un dialogo con los comerciantes con ofertas considerables como el de reubicarlos enfrente hacia el otro extremo de la avenida que conduce al puerto de Altamira, además de brindarles un apoyo económico para que fortalecieran sus negocios, esto sin olvidar el acondicionamiento y mejoramiento a sus puestos.

"Sabemos que estos comerciantes no aceptaron, por tanto de actuó al respecto" precisaron ambas autoridades locales, al reiterar que los oferentes aun cuando se les notifico que estaban postrados sobre una obra de alta envergadura como es el Centro Integral de Justicia de la zona sur seguían en su postura ocupando dicha área.

En entrevista la primera autoridad municipal Alma Laura Amparán Cruz dijo  "el Gobierno de Tamaulipas y los municipios están interesados en preservar el estado de legalidad, por lo que aquí en Tamaulipas y en Altamira nadie esta fuera de la ley".

Mientras esta posición la fijaron las autoridades locales, en la zona invadida autoridades del Gobierno local continuaban con los trabajos de limpieza dicha área, además de empezar el cercado del lugar para evitar nuevamente que el área sea invadido.